Siete integrantes de la banda Los Monos comienzan a ser juzgados por balaceras en Rosario
Fuentes judiciales estimaron que el juicio oral y público se extenderá durante varias jornadas a lo largo de cuatro semanas.
Siete integrantes de la narcobanda «Los Monos», entre ellos su líder Ariel «Guille» Cantero, comenzarán mañana a ser juzgados en Rosario por una decena de atentados contra domicilios de jueces e instituciones judiciales cometidos entre mayo y agosto de 2018 en esa ciudad santafesina, informaron hoy fuentes judiciales.
El debate comenzará a las 8 en la sala 10 del Centro de Justicia Penal y estará a cargo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto.
Para la Justicia, al menos siete de esos diez ataques contra edificios del Poder Judicial y domicilios de funcionarios del área de Justicia fueron instigados desde prisión por «Guille» Cantero.
En ese sentido, los fiscales del caso, Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo, adelantaron que pedirán la pena de 24 años de prisión para Cantero por considerar que las balaceras «tuvieron como propósito intimidar a los integrantes del Ministerio Público de la Acusación en particular y del Poder Judicial en general, a fin de impedir el normal desarrollo de sus funciones».
Los siete imputados llegarán al debate oral detenidos, aunque no todos por las balaceras, sino que algunos de ellos están con prisión preventiva por otros delitos.
Cantero se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, mientras que Leandro Daniel Olivera, Damián Oscar Chávez, Matías Nicolás César, Daniel Alejandro «Teletubi» Delgado, Leonel Alejandro Fernández se encuentran en la Unidad 11.
En tanto, Lucía Estefanía Uberti permanece recluida en la Unidad 5 de Mujeres de Rosario.
Todos los acusados seguirán las audiencias por Zoom desde sus lugares de detención, indicaron las fuentes.
Los otros involucrados en el caso, Claudio «Churro» Canavo, José Alberto Castillo y Aldana Mazzeo, ya fueron condenados a través de juicios abreviados que acordaron la Fiscalía y las defensas.
Los hechos que se les imputan conforman una serie de atentados que comenzaron el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas, una de Italia al 2100 y otra de Montevideo al 1000, en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero.
El 30 de junio de ese año se registró una balacera contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció al ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel Lotito, encargado de la investigación por asociación ilícita de Los Monos.
A continuación, el 26 de julio, se perpetraron los atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra la misma banda liderada por Cantero.
Más tarde, el 4 de agosto de ese año fue baleado un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga y más tarde en esa fecha se reportó una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, ubicado en Sarmiento y Rueda.
Solo un día después, una vivienda de Tarragona al 700 bis sufrió una ataque a balazos que los investigadores atribuyeron a un error del tirador y consideraron que el objetivo era una casa cercana vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, integrante del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.
El 10 de agosto el ataque fue dirigido a una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700 y tres días después, fueron halladas marcas de balazos en el frente de un edificio de San Luis al 1400, vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
La cronología de atentados destinados al poder judicial continúa el 14 de agosto cuando sucedió un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900.
Y finalmente, el 28 de agosto fue arrojada una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
