Dos exjefes policiales seguirán presos por integrar una banda de juego clandestino.
Dos exjefes policiales de la ciudad santafesina de Rafaela continuarán detenidos en una causa en la que están imputados como organizadores de una red de juego clandestino, al ser confirmada la prisión preventiva dictada en noviembre.
Por la misma investigación están detenidos 12 civiles y otros tres policías, acusados de integrar una asociación ilícita destinada a explotar juegos de azar de forma ilegal, agregaron los informantes.
Según informó hoy el Ministerio Público de la Acusación (MPA) santafesino, el juez Javier Bottero rechazó el pedido de excarcelación de José Jorge Pérez y Fabián Forni, dos exoficiales superiores de la Policía de Santa Fe.
Ambos fueron jefes de la Unidad Regional V de Policía, con asiento en la ciudad de Rafaela, en la que se desarrollaron los hechos investigados sobre apuestas y juego clandestino, indicaron las fuentes.
De acuerdo a los fiscales, el jefe de la esa organización era David Alejandro Perona, llamado “El rey del juego clandestino”, que murió en prisión en noviembre del año pasado a los 42 años, al contraer coronavirus y sufrir obesidad mórbida.
También tenía diabetes tipo 2 e hipertensión, y al momento de su muerte pesaba 270 kilos.
Perona también fue imputado en la causa por juego clandestino que tiene como protagonista al capitalista Leonardo Peiti, que derivó en las prisiones del ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y su mano derecha el fiscal Gustavo Ponce Asahad, por presunto cobro de coimas para proteger el juego ilegal.
Fueron acusados de recibir entre 4 y 5 mil dólares mensuales de Peiti, quien tiene salas de juego legales en Paraguay y dos provincias del norte argentino.
Los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, que llevan adelante la investigación de Rafaela, dijeron hoy sobre la confirmación la prisiones preventivas que “no hubo ningún planteo en relación a los otros tres hombres (los policías), razón por la cual, luego de lo resuelto todos siguen en prisión preventiva”.
Los funcionarios del MPA manifestaron que “los abogados de los imputados alegaron que existían nuevas evidencias que, desde su punto de vista, ameritaban la revocación de la medida cautelar impuesta”.
Remarcaron que “desde la Fiscalía nos opusimos porque entendemos que en relación a los hechos nuevos alegados, algunos de ellos ya fueron tratados en audiencias anteriores, y otros no son relevantes para incidir en la situación procesal de las personas investigadas”.
Según la investigación de los fiscales, los policías imputados recibían pagos de entre 120 mil y 180 mensuales con distinta frecuencia entre los años 2017 y 2019, para “tolerar” los garitos y el juego ilegal.
