1976 – 24 de marzo – 2021: A 45 años del golpe de estado cívico militar
Las asignaturas pendientes de la democracia.
Se cumplen 45 años del hecho más trágico de la historia argentina. Un golpe de Estado cívico militar que instauró una dictadura sangrienta, que bajo el pretexto de imponer la “reorganización nacional”, dejó el saldo doloroso de 30 mil detenidos desaparecidos, la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo condicionante e insostenible para la economía de nuestro país y profundos cambios en la cultura de la sociedad, entre otras gravísimas consecuencias.
Hay que recordar que esa nueva ruptura del orden constitucional en la Argentina –la primera tuvo lugar el 6 de septiembre de 1930, con la destitución del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen– no fue un hecho aislado. Fue parte de un proceso destituyente de los gobiernos elegidos democráticamente, cuyo denominador común fue el terrorismo de Estado y sometió a los pueblos de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el argentino bajo la denominación común del Plan Cóndor.
El objetivo de fondo de semejante atropello a los derechos humanos fue, precisamente, una reorganización antidemocrática y autoritaria, para profundizar el sometimiento a los grandes grupos económicos locales y transnacionales, reprimir a sangre y fuego las luchas populares para mediante el terror aplicar el nefasto modelo neoliberal. Con ese propósito, los golpistas –insistimos, militares y civiles– secuestraron, asesinaron y desaparecieron para imponer el terror y aplicar un plan destinado a la concentración de la riqueza y la exclusión social.
En pocas palabras, ese fue el sentido del hecho de lesa humanidad que la ciudadanía democrática recuerda por estos días con profundo dolor. Y hacemos referencia precisa a la ciudadanía democrática, porque una de las secuelas culturales de la acción dictatorial, fue la siembra de una ideología perversa que, entre otras expresiones nefastas, fractura los lazos solidarios, promueve la antipolítica y exacerba el egoísmo, el individualismo, la meritocracia y el sálvese quien pueda.
Estos efectos nocivos de la prédica dictatorial han permanecido en el tiempo y en la actualidad, en plena pandemia, se han puesto de manifiesto en aquellas conductas contrarias al cuidado colectivo de la salud.
La negación de la crisis sanitaria, el rechazo al uso adecuado del barbijo, la oposición a las vacunas contra el Covid-19 y muy especialmente, el rechazo a todas las medidas preventivas dispuestas por el Estado argentino en nuestro caso, pero también a los Estados de un gran número de naciones, forman parte de una conducta inducida por la perniciosa prédica de los medios de comunicación concentrados y otros factores mezquinos del poder económico y político.
Se trata de un fenómeno mundial, pero no caben dudas de que estas expresiones de un sector importante de la sociedad forman parte, en nuestro caso, de la herencia cultural de la última dictadura.
Además de lo expuesto, hay un hecho reciente que pone de manifiesto un rasgo muy grave y peligroso de la intolerancia y el odio instalados: la aparición de bolsas mortuorias personalizadas, con los nombres y apellidos de un número importante de referentes éticos y morales de la sociedad argentina. Un dato que evoca las peores prácticas llevadas a cabo durante los años más sangrientos del pasado reciente.
En 1983 la República Argentina recuperó la vigencia constitucional y el retorno a la vida democrática. A partir de entonces, los gobiernos fueron elegidos a través del voto popular en elecciones libres. Los representantes de la ciudadanía en todos los cargos legislativos y ejecutivos, más allá de sus pertenencias partidarias, son el reflejo de la voluntad de las mujeres y los hombres que integran la comunidad. Todo ello es un logro indiscutible de la etapa iniciada hace 38 años. Pero con ser importante, no es suficiente.
Aún persisten muchas asignaturas pendientes para que la democracia no se limite a la elección de autoridades cada dos años. Hacen falta cambios profundos en todos los órdenes de la vida republicana, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales.
Para lograr ese objetivo supremo, hay que democratizar la economía y las finanzas. Reemplazar la Ley de Entidades Financieras de la dictadura por una nueva norma que establezca la canalización de los recursos financieros en función del desarrollo económico y social.
Es indispensable continuar fortaleciendo a la salud pública, para garantizar que cada ciudadano y ciudadana tenga acceso a la prevención y el cuidado indispensables.
El derecho humano a la vivienda digna es otra de las grandes reivindicaciones cuya solución está en marcha y debe garantizarse en el tiempo.
Es de vital importancia asegurar la pluralidad de voces en materia de comunicación social. Para ello, deben instrumentarse políticas que posibiliten la desconcentración mediática.
La educación pública de excelencia en todos los niveles y la adecuada remuneración a los cuerpos decentes, forma parte también de las prioridades propias de una democracia plena.
Todo esto y mucho más debe formar parte de un proyecto de país donde nadie quede afuera, donde se pueda ejercer la esencia de un sistema democrático en el que vivan juntos y respetuosamente los que por naturaleza son diferentes.
Son muchos los grandes temas a resolver en el marco de la democracia, pero como dijera con sabiduría nuestro siempre recordado Floreal Gorini, “el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural”.
Una batalla de ideas para privilegiar la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Para multiplicar la acción del cooperativismo y el mutualismo.
Estos son los valores que nos han guiado siempre y continuaremos ejerciendo para contribuir a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.
