La defensoría pidió al Ministerio Salud precisiones respecto del criterio usado para pedir hisopados antes de intervenciones quirúrgicas o estudios
La institución solicita conocer si los sanatorios y clínicas pueden exigir estos estudios a los pacientes, teniendo además en cuenta que muchas obras sociales no los cubren. Iapos, en tanto, informó que sí se está haciendo cargo.
La Defensoría del Pueblo envió una carta al Ministerio de Salud santafesino en la que hizo saber que algunos sanatorios y clínicas privados están solicitando pruebas de isopado para la detección del Covid-19 como paso previo a la realización de intervenciones quirúrgicas y en abordaje de otras patologías, sin estar estos estudios cubiertos por las obras sociales y medicinas prepagas y quedando el pago total como obligación del paciente.
Desde la institución, informaron que han recibido en los últimos días consultas telefónicas y por correo electrónico de ciudadanos que ante el requerimiento de clínicas y sanatorios deben cumplimentar obligatoriamente la realización del estudio 72 horas antes de cada cirugía, como asimismo la exigencia de abonar una suma de dinero por la práctica referida.
Entre las denuncias recibidas en la Defensoría se desprenden dos situaciones particulares: una vinculada a las personas que se encuentran internadas en geriátricos y deben realizarse algún tipo de práctica en un centro médico y otra relacionada con aquellos pacientes que deben someterse a una intervención quirúrgica. En ambos casos se les exige la realización de la prueba de detección del Covid-19 para ingresar al complejo médico y para salir del mismo.
Además de las gestiones realizadas ante el ministerio, la defensoría se comunicó con Iapos y con el organismo nacional de control de obras sociales para trasmitirles las inquietudes. En tal sentido, desde Iapos informaron que están abordando la situación y realizando las gestiones necesarias para resolver el problema.
Por último, la defensoría manifestó su preocupación y solicitó una pronta resolución del conflicto instando a las obras sociales y medicinas prepagas a cubrir los gastos del estudio, como así también a hacer retroactiva la resolución y reconocer los gastos a aquellos pacientes que ya lo hayan abonado.
