La intervención a Vicentin metió a la soberanía alimentaria en la agenda pública
La intervención y eventual expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin trajo al primer plano la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma basado en el derecho de los pueblos y países a decidir en cuanto a la producción y al consumo de alimentos.
Planteada en 1996 durante un congreso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma por la Vía Campesina -organización global de campesinos-, la soberanía alimentaria es «el derecho de los pueblos a decidir qué y cómo produce alimentos, con qué recursos y con qué tecnología para garantizar una alimentación cultural y nutricional apropiada y suficiente para toda la población».
Con los años el arquetipo productivo que cuestiona al modelo agroindustrial dominante se convirtió en bandera de los movimientos sociales en todo el mundo y, en el caso de la Argentina «es hoy un horizonte para el país», según reflexionó Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra en diálogo con Télam.
Para Miryam Gorban, nutricionista, docente y considerada una maestra en el campo de la práctica profesional y la reflexión académica en cuanto a las políticas públicas sobre alimentación, la soberanía alimentaria «es un tema que está puesto sobre la mesa en todo el mundo. En Europa están viendo que el modelo productivo es el responsable de la pandemia, de la pérdida de biodiversidad y de la crisis climática».
Coordinadora de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Cancillería Argentina, docente de la UBA y autora del libro «Seguridad y Soberanía Alimentaria», Gorban dijo a Télam que la Argentina «tiene la capacidad de ir hacia la soberanía alimentaria que es la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos» y planteó la necesidad de analizar «cómo se sale (de este modelo productivo) y qué vamos a estimular» desde el gobierno y el Estado.
«Sin acceso a la tierra para los pequeños productores no resolvemos nada. No puede ser que se cierren 200 tambos por día cuando podrían garantizar leche fresca a los chicos todos los días. O que en Formosa se tiren toneladas de mangos que son más valiosos que la soja», graficó.
Desde el activismo, uno de los fundadores del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), Angel Strappazzón, con más de 30 años de militancia en la defensa de los montes y también en oficinas del Estado y de organismos internacionales para preservar los territorios en manos de los campesinos, resaltó la decisión gubernamental de mencionar en el decreto de intervención de la empresa agroindustrial a la soberanía alimentaria.
«El gobierno de Alberto Fernandez supo ver la importancia de la agricultura familiar, campesina, indígena. Esto se visibilizó y tomó valor y relevancia como merece porque sin dudas somos un actor clave del desarrollo económico para la alimentación, la territorialidad y la guarda de la naturaleza y los bienes comunes, ríos, montañas, suelos y bosques», le dijo a Télam.
El referente cuestionó la visión de «medios de prensa opositores que dicen que la Argentina produce alimentos de sobra. Es un error de concepto porque soberanía alimentaria no es que yo produzco alimentos a lo loco, en cantidad. Es también calidad y desde dónde, con quiénes lo produzco, cómo lo traslado y cómo y a quiénes proveo esos alimentos sobre todo garantizando la alimentación para todos».
Al igual que Gorban y la mayoría de los argentinos, Strappazzón se preguntó: «¿Cómo puede ser que falten alimentos acá? solo con la agricultura familiar y pastores, con la carne que producen, sumado a la pesca artesanal, podemos garantizar alimentos sanos en cantidad y calidad para toda la población y sobre todo para los que padecen pobreza».
Por su parte, Carlos Vicente, también militante de la agroecología y enemigo de los agronegocios, celebró que la soberanía alimentaria, «un concepto de fortísimo contenido político», forme parte del debate público en la Argentina.
«En los últimos 25 años, fue adoptada por infinidad de movimientos sociales y se convirtió en la principal herramienta política de resistencia al modelo de la agricultura industrial corporativa que se impuso en el mundo y que ocupa el 75% de las tierras. Un modelo que no produce alimentos sino commodities, mercancía exportable para alimentar cerdos y no a las personas. Un sistema totalmente ineficiente y contaminante que desplaza a las poblaciones campesinas», aseveró.
En línea con el cuestionamiento a la frase «producimos alimentos para 400 millones», Vicente criticó a los políticos que hacen esas afirmaciones: «Esto es falso porque nadie come los 55 millones de toneladas de soja que se producen en el país. Esto alimenta ganado que sí alimenta gente» e insistió con las características de un sistema de producción agroecológico de base campesina.
En tanto, Montón, referente de los campesinos en Mendoza y en el país y que participó durante ocho años de los debates en Naciones Unidas para la Declaración de los Derechos de los Campesinos, señaló a Télam que la soberanía alimentaria «se impone en la agenda post pandemia como horizonte necesario y ordenador de las políticas que se deben tomar. Junto con el Cels trabajamos en una campaña fuerte ‘con derechos campesinos hay soberanía alimentaria'».
De todos modos, advirtió que «va a ser un camino largo porque la soberanía alimentaria requiere transformaciones estructurales como el acceso y la garantía de la permanencia en la tierra, apoyo a la producción y al agregado de valor así como la necesidad de replantear la dinámica del mercado de alimentos y poner en el centro a productores y consumidores», completó. Telam
