La CGT exige prórroga de prohibición de despidos y exención de ganancias para sectores esenciales
La «mesa ampliada» de la CGT reclamó hoy la prórroga a la prohibición de producir despidos y suspensiones durante otros 60 o 90 días a partir del 1ª de junio próximo, cuando expirará el acuerdo firmado con los industriales (UIA), y solicitará «la inmediata creación de un Comité Nacional de Crisis» y la exención del impuesto a las ganancias para todos «los sectores esenciales».
Lo confirmaron esta noche a Télam los referentes gremiales que deliberaron en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) durante casi cuatro horas, en la Avenida Belgrano al 1.800 de la ciudad de Buenos Aires, ocasión en la cual aseguraron la necesidad de constituir ese Comité Nacional de Crisis no solo para «seguir la evolución de la emergencia sino la post-pandemia».
El titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, aseguró hoy a esta agencia que «se impone eximir de inmediato del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores de los trenes de pasajeros, del gas, del agua, de la energía y del transporte en general que, al igual que el personal de la salud -ello fue aprobado anoche- están en la primera línea de batalla contra la pandemia».
Sasia explicó a Télam que «se constituirá de forma imprescindible un Comité Nacional de Crisis no solo para evaluar el seguimiento de la pandemia a nivel local sino para analizar y elevar propuestas post-pandemia, que deberá incluir temas económicos, de empleo, laborales, industriales y del transporte».
«Ese cuerpo deberá deliberar, analizar, crear y planificar una estrategia en forma de proyecto para finalmente elevarlo al presidente Alberto Fernández en forma de propuesta integral del movimiento obrero», puntualizó Sasia.
La decisión gremial de integrar un Comité Nacional de Crisis para realizar «un seguimiento de la realidad del país a partir de la pandemia de coronavirus y la consiguiente crisis económico-social-productiva, de empleo y salarios» contempla a funcionarios, sindicalistas, empresarios y la Iglesia Católica.
Los referentes de todos los sectores gremiales de la central obrera reclamaron el pago de las deudas de las alicaídas obras sociales sindicales, respaldaron el proyecto de ley de impuesto a la riqueza presentado por el oficialismo y se opusieron a «la instalación permanente del trabajo a distancia por representar un hecho fundamentalmente antisindical y totalmente antiderechos», dijeron.
Las fuentes gremiales confiaron a Télam que «es cierto que existe enojo y bronca por la distribución de los fondos de las obras sociales y hoy hubo una fuerte discusión al respecto y críticas abiertas a la gestión de José Luis Lingeri (especialista en el tema) en ese sentido, por lo que se determinó un total reordenamiento de la situación para compensar a los perjudicados», señalaron.
Más de dos decenas de dirigentes de todos los sectores también analizaron el último acuerdo firmado entre la CGT y la UIA, a partir del cual y ante su próximo vencimiento a fines de este mes propusieron su inmediata prórroga.
«Es cierto que el gobierno está pagando la deuda que desde hace años todas las administraciones tienen con las obras sociales. Ese dinero -y se mantiene la ‘confusión’ o el discurso interesado- no es de ningún dirigente sino de los trabajadores, que en su momento realizaron sus aportes. Es plata de ellos y se retiene indebidamente. En la actual situación de pandemia ello genera una crisis insalvable. De allí la exigencia de inmediato pago», dijeron los voceros.
Una de las principales preocupaciones de la central sindical -analizada esta tarde de forma exhaustiva- fue la consecuencia «pandémica» del ataque del virus sobre el mundo del empleo, ya explicitado por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que todos los referentes señalaron que la crisis dejará «no menos de 600 mil nuevos desocupados en el sector privado».
La «mesa ampliada» cegetista se opuso a «la continuidad del llamado trabajo remoto o teletrabajo de por vida, como pretenden algunos -incluyendo legisladores- por ser «un sistema antisindical y totalmente antiderechos».
«Un acuerdo permanente con las empresas para instituir el trabajo remoto no funcionará y no será aceptado. Se produciría un relajamiento y la progresiva extinción de los derechos amparados por los convenios colectivos de trabajo a partir de la pérdida del presentismo y otros ítems, por ejemplo. Además, el trabajador se aislaría para siempre de la sociedad», expresaron las fuentes.
Además de Martínez, Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Andrés Rodríguez (UPCN), participaron en el encuentro de hoy el taxista Omar Viviani, los ferroviarios Sasia y Omar Maturano, el marítimo Juan Carlos Schmid, el colectivero Mario Calegari, el lucifuercista Guillermo Moser y el textil Hugo Benítez, entre más de dos decenas de dirigentes obreros. Telam
