Piden juzgar a tres miembros de la Policía Federal Argentina por encubrir el funcionamiento de una banda narco
El MPF consideró que los integrantes de la Delegación de la Policía Federal en esa ciudad alertaron a las personas cuando eran objeto de medidas investigativas. Los encuentros, que fueron registrados en video, evidenciaron para la fiscalía “un trato directo y cordial” entre los auxiliares de justicia y la organización que operaría en el barrio Nuevo Horizonte.
El fiscal federal Gustavo Onel solicitó enjuiciar por encubrimiento a tres miembros de la Policía Federal Argentina que intervenían como auxiliares de justicia en una causa que investiga a una organización dedicada al narcotráfico en el norte de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a la presentación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el accionar de los policías permitió “indudablemente” alertar a las personas objeto de la pesquisa, que para el momento de los hechos incluía medidas como la “escucha directa” de una serie de abonados telefónicos.
El requerimiento reparó en la “gravedad de las conductas evidenciadas por los imputados, las cuales se desarrollaron en una investigación de envergadura vinculada con la posible comisión de conductas destinadas al tráfico de estupefacientes en la zona norte de esta ciudad”, más precisamente en el barrio Nuevo Horizonte. Para Onel, “han implicado una flagrante afrenta a la buena fe de los funcionarios judiciales intervinientes” y llevaron a la causa a un “punto muerto”, producto de que los presuntos integrantes de la banda narco se vieron alertados y beneficiados.
El fiscal aseveró que las conductas implicaron «una flagrante afrenta a la buena fe de los funcionarios judiciales intervinientes” y llevaron a la causa a un “punto muerto»
Trato “directo y cordial”
La Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe encabezada por Onel, consideró que, en el marco de la investigación en la que participaban -cuyo objeto procesal consiste en la posible comisión de actividades de comercialización de estupefacientes-, el inspector Cristian Pablo Bogetti, el cabo Darío Alberto Duarte y el cabo primero Lucas Leonel Bustos desplegaron “distintas acciones en perjuicio de la administración de justicia, reveladoras de haber favorecido la situación de los allí investigados con el objeto de sustraerlos del accionar de la justicia”.
Esa causa empezó el 24 de setiembre de 2018, y los funcionarios habían participado en su carácter de integrantes de la Delegación Santa Fe de la PFA. La pesquisa está a cargo de la Fiscalía, que había encomendado a esa Delegación tareas de observación e inteligencia: durante más de cuatro meses se llevaron adelante intervenciones telefónicas, observaciones, declaraciones, instalación de cámaras y otras tareas de campo, medidas que fueron volcadas en los diferentes partes elaborados por la fuerza.
En concreto, la Fiscalía reparó en que durante enero, febrero y marzo de 2019 Duarte, Bustos y Bogetti se constituyeron en distintas oportunidades en el domicilio de uno de los imputados, ubicado en Nuevo Horizonte, y “exteriorizaron acciones impropias e inadmisibles con relación a la tarea investigativa que tenían encomendada y contrarias a los criterios de ‘discrecionalidad y reserva’ que le habían sido ordenados”. El MPF reseñó que en una primera oportunidad “Duarte mantuvo un diálogo con el nombrado C.”; en un segundo episodio “Bustos se aproximó al domicilio en cuestión -visualizándose en las proximidades un rodado que pertenecería al inspector Bogetti-” y en otra oportunidad “se verificó que Duarte y Bogetti ingresaron al mismo domicilio tras saludar a C. que se encontraba en el interior del inmueble, evidenciando un trato directo y cordial”.
La Fiscalía reparó en que durante enero, febrero y marzo de 2019 los policías fueron al domicilio de uno de los imputados y «exteriorizaron acciones impropias e inadmisibles con relación a la tarea investigativa que tenían encomendada»
Al respecto, el fiscal federal resaltó que todos esos encuentros no fueron documentados en el sumario correspondiente, y que se produjeron mientras se llevaban adelante medidas de “escucha directa” asignadas a la PFA mediante orden judicial.
Las visitas fueron registradas en videos, que fueron analizados por la División de Operaciones Judiciales de la Policía Federal. En un informe de esa repartición se plasmó que las actitudes asumidas eran “INADMISIBLES para una tarea investigativa”.
Los elementos de prueba valorados por el MPF contemplaron también cruces de llamados con los imputados en el expediente por tráfico de estupefacientes, y la compulsa de un sumario administrativo iniciado por la PFA cuando los imputados se desempeñaban en la Delegación de Villa María (Córdoba) por “posibles vínculos de los nombrados con personas relacionadas al narcotráfico”. En abril de 2017 fueron pasados a disponibilidad, decisión que cesó en marzo de 2018 cuando fueron asignados a la Delegación Santa Fe. La fiscalía señaló que este dato objetivo, “analizado dentro del contexto probatorio existente”, evidenciaba coincidencias “en cuanto a los hechos y metodologías”.
Calificación legal
El requerimiento presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe indica que los hechos descriptos encuentran adecuación en la figura de encubrimiento triplemente agravado, por ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionarios públicos, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Fuente: Ministerio Público Fiscal.
