Es ley la reforma del Código Procesal Penal Federal que les da más poder a los fiscales
La iniciativa incorpora nuevas figuras para la investigación de delitos complejos y herramientas para agilizar los procesos.
La Cámara de Diputados aprobó hoy la reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita federal. El proyecto obtuvo 134 votos a favor y 55 en contra. Fue impulsado por el oficialismo y contó con el apoyo, entre otros sectores, del Frente Renovador y el interbloque Argentina Federal. El Frente para la Victoria lo rechazó.
La reforma está orientada –según sus fundamentos- a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales. Incorpora, con ese objetivo, herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado en general. Se pasa de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. Eso implica que los fiscales asuman un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones. También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas. Apunta –según se detalló- a lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso.
La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), valoró el cambio de un sistema judicial inquisitorio a uno acusatorio y explicó que una reforma del código sancionada en 2014 debió ser suspendida en diciembre de 2015 porque “no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación”.
“El código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la diputada Burgos.
Por último, remarcó el trabajo legislativo de los últimos años que resultó en la aprobación de leyes como la de flagrancia, la ley del arrepentido y de responsabilidad penal empresaria.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), dijo estar convencida de la necesidad del cambio de paradigma en el servicio de justicia, e intentó explicar la dimensión de la reforma. “Estamos hablando de un procedimiento confuso y enredado. Ir de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mejorará el servicio de justicia. Imagínense lo que significa transferirle estas facultades al Ministerio Público desde algo tan mínimo como lo edilicio o el personal”, especificó Camaño.
Desde el Frente para la Victoria, el diputado Martín Doñate manifestó el rechazo de su bloque al proyecto y pidió contextualizar las reformas a la justicia.
“El gobierno quiso nombrar jueces de la Corte Suprema en comisión, le quitó las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal para dárselas a la Corte y armó una ingeniería judicial para perseguir a Cristina Kirchner y a todo lo relacionado al gobierno anterior”, afirmó Doñate.
Por último, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, sostuvo que “más allá de cuestionamientos particulares, el proyecto representa un avance en el sistema penal”, y en esa línea señaló que “hoy se demanda a la justicia mayor rapidez y es imposible responder sin un sistema procesal moderno”.
Los impulsores del proyecto afirman que la reforma “implicará un mejor servicio de justicia para la ciudadanía, mediante la resolución de las causas en menor tiempo. Para eso se pasa a un sistema de oralidad y publicidad”.
El nuevo Código incorpora reformas aprobadas por el Congreso en los últimos dos años: ley de juicios unipersonales (que permite resolver las causas de menor gravedad con la intervención de uno solo de los tres jueces del tribunal); ley de flagrancia (que imprime un procedimiento abreviado para los casos en los que el imputado es sorprendido mientras comete el delito) y ley de derechos de la víctima de delitos (que le otorga participación a la víctima durante el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena).
El nuevo Código también incorpora, para la investigación de delitos complejos, las figuras del imputado colaborador o arrepentido, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.
El proyecto había sido aprobado en abril por el Senado. Fue elaborado por una comisión bicameral, con activa participación de especialistas en la materia. Con la aprobación en Diputados queda convertido en ley y empezará a regir después de su promulgación.
Los legisladores dieron tratamiento, además, al proyecto de Ley por el cual se sustituye la rúbrica «Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad y de Revisión”, con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. Con 132 votos positivos, 53 negativos y 3 abstenciones, se aprobaron cambios al régimen recursivo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la iniciativa fue girada al Senado.
En ese sentido, el miembro informante Daniel Lipovetzky sostuvo: “Esta ley que proponemos derogar es el último eslabón de procesos con trabas”.
