Sin horizonte, laburo ni sueldo

Crisis de las clínicas Gomara y Masa

En el marco del conflicto laboral que mantiene en vilo a los 120 trabajadores de las clínicas Médico Ambulatorios SA (Masa), ubicada en Urquiza al 1700, y la del ex sanatorio Gomara de Villa Gobernador Gálvez, ambas gerenciadas por el empresario Eduardo Paquez, se realizará mañana una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial. El panorama es muy complicado, como reconocieron los dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), y una de las alternativas que manejan como salida para sostener las fuentes laborales es que aparezca algún grupo inversor que se haga cargo de las clínicas. Si bien el grupo que administra Masa se vio afectado por la quita de 7.500 cápitas del Pami, desde el gremio apuntaron a las malas inversiones que desembocaron en la situación actual. Por si faltaran condimentos en el conflicto, el delegado de los trabajadores de la ex Gomara presentó una denuncia contra directivos del sindicato por amenazas.

Los cambios en el sistema de contratación del Pami en el pasado mes de abril dejaron al ex sanatorio Gomara sin las 7.500 cápitas que atendía. El efector de Villa Gobernador Gálvez es el único de tercer nivel de complejidad en la región, y desde entonces experimentó problemas para abonar los sueldos de los 65 trabajadores y el pago a otros 90 médicos. Desde mayo no hay atención al público. “Les sacaron las cápitas por una serie de denuncias, pero también hubo un desfinanciamiento del propio dueño”, señaló Marcelo Liparelli, secretario adjunto de Atsa.

“Estamos tratando de que se hagan cargo de los dos lugares”, agregó el dirigente gremial, mientras aguardan la audiencia convocada para mañana a las 11 en la sede local del Ministerio de Trabajo. En las reuniones anteriores, el administrador no se presentó. “Si no viene Paquez lo vamos a citar por la fuerza pública”, advirtió Liparelli. Según el dirigente gremial, se podrían afrontar los sueldos adeudados con el dinero de la facturación que quedó pendiente del Pami. “Eso desahogaría un poco la necesidad de la gente”, abundó.

El pasado viernes, los trabajadores de la clínica de Urquiza al 1700 movilizaron hacia el lugar para visibilizar la problemática. Son más de 60 trabajadores que están reclamando pago de sueldos, bonos y obra social. Los problemas del grupo Masa no se limitan a las clínicas antes mencionadas. En junio tuvo que cerrar el sanatorio Saladillo porque el Sindicato de la Carne le rescindió el contrato de alquiler por una deuda de 2,5 millones de pesos. Además, el grupo Masa administra el Instituto Médico Regional de San Lorenzo y una clínica en Capitán Bermúdez.

El conflicto laboral sumó una instancia impensada. Ricardo Dosko, delegado de los trabajadores del ex Gomara, presentó el pasado jueves una denuncia en fiscalía contra miembros de la comisión directiva del gremio por amenazas. “El gremio me prohibió la entrada como delegado a la audiencia. Hubo situaciones de violencia, insultos. Se ofendieron porque dijimos que no hicieron nada por los trabajadores, y siguieron negociando entre las cuatro paredes del Ministerio en un conflicto entre privados. El gremio nunca entendió el servicio que brinda el sanatorio en Villa Gobernador Gálvez”, señaló el delegado.

Liparelli salió al cruce de la denuncia de Dosko. “Está utilizando esto para una cuestión netamente política partidaria, no puede ponerse todo el tiempo en contra del gremio diciendo que nosotros dilatamos las negociaciones. Lo concreto es que la plata no aparece y los que tienen que pagar los sueldos son los empresarios. Tuvimos una discusión con el delegado pero eso no quiere decir que lo hayamos patoteado. Además, queremos aclarar que no hubo ningún problema con ningún trabajador en particular”, zanjó el secretario adjunto de Atsa.

Fuente: Página 12 – Por Claudio Socolsky


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