Piden altas penas para los ladrones de una banda mixta

En la audiencia preliminar de anteayer la Fiscalía pidió para el sindicado jefe de la banda 25 años de prisión y para dos miembros 23 años.

La Fiscalía pidió altas penas para los ocho integrantes de la banda mixta de policías y escruchantes en la audiencia previa al juicio oral. En la audiencia preliminar de anteayer la Fiscalía pidió para el sindicado jefe de la banda de escruchantes 25 años de prisión y para dos miembros, conocidos como Chunchi y López, 23 años.

Este viernes continuarán con las exposiciones.

Para los investigadores, los policías brindaban la logística y dejaban la zona liberada mientras  los ladrones ejecutaban los golpes. El caso más resonante fue en mayo de 2015 con el copamiento a la comisaría de General Lagos y el robo de más de 144 mil pesos al banco Credicoop. La magistrada Hebe Marcogliese resolvió un cuarto intermedio hasta mañana cuando continuarán con las exposiciones de las acusaciones para cada uno de los miembros y las argumentaciones de las partes. Las defensas se opusieron a que el “imputado colaborador” –primera vez que se usa esta figura– se presente como testigo.

Los acusados son cinco policías y tres civiles. Para la fiscalía representada por Viviana O’Connell, Karina Bartocci, Gisela Paolicelli y Aníbal Vescovo estas bandas tienen una “organización criminal y una modalidad delictiva compleja” debido a que la presencia policial aumenta la desprotección de las víctimas. Los policías brindaban inteligencia, logística y protección mientras que los otros llevaban adelante los golpes.

En la imputación, la Fiscalía acusó al jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, Maximiliano Maldonado, como organizador de una asociación ilícita mientras que a su secretario, Carlos Morgan, como organizador. También el cabo Javier Lanero y los suboficiales Fernando Acosta y Rocío Rodas –pareja de Maldonado– fueron señalados como miembros. La banda cobraba dinero a a cambio de protección, lo que incluía a vendedores de drogas. También organizaban entraderas y encubrían los robos.

Como mano ejecutora de los escruchantes, los fiscales señalaron a Humberto Aguirre, de 51 años, y sumaron la participación de Oscar “Chunchi” Berlari y Damián López.

La banda

En octubre de 2015 y tras 6 meses de investigación, los pesquisas dieron por desbaratado al grupo luego de varios allanamientos que incluyeron la subcomisaría 26ª. Por ese entonces la Fiscalía acusó al jefe de la subcomisaría 26°, su secretario, al suboficial Acosta y al cabo Lanero de planificar el copamiento a la seccional, dar detalles del lugar, sus horarios, haberles provisto la indumentaria, incluso de intentar desconectar el GPS del móvil que funcionaba en la seccional de General Lagos y romper el equipo de comunicaciones de la dependencia.

A principio de agosto pasado se conoció que uno de los acusados firmó un acuerdo abreviado por tentativa de robo y una condena condicional. Esta rebaja en la pena tuvo que ver con que el Código Penal permite la figura del “colaborador”. Y se aplica cuando un imputado brinda información comprobable sobre el caso al que está sometido. Si se corroboran sus dichos, la norma habilita a reducir la pena. En un principio fueron diez los imputados, uno de ellos, hermano de Chunchi, firmó en diciembre de 2015 un acuerdo que lo condenó a tres años por tenencia de arma de fuego mientras que el otro fue el imputado colaborador. Aunque desde la acusación prefirieron no dar sus datos, sí trascendió que se lo condenó a una pena condicional por el delito de tentativa de robo calificado.

En la audiencia preliminar de anteayer la Fiscalía pidió para el sindicado jefe de la banda de escruchantes 25 años de prisión y para Chunchi y López, 23 años. Esas fueron las solicitudes que se conocieron.

En la audiencia de anteayer, los abogados defensores de todos los imputados se opusieron a que el “imputado colaborador” se presente como testigo en el juicio como lo solicitaron los fiscales, aunque esta situación no está resuelta. Además, uno de los defensores se mostró sorprendido por las altas penas solicitadas. “Fueron delitos contra la propiedad o contra la administración pública pero que no pusieron en riesgo ninguna vida o tuvo algún herido. Con respecto a las armas no está acreditado que sean aptas para disparo. Si bien son hechos graves, no justifican las elevadas penas solicitadas”, sostuvo el letrado.

Fuente: El Ciudadano.


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